La Superintendencia de Pensiones

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SP o Superintendencia de Pensiones es el ente fiscalizador que debe mantener a raya a las Administradoras de Pensiones. En otras palabras, las AFP son las empresas que administran los dineros de las futuras jubilaciones de todos los chilenos, según datos estadísticos en sus arcas se mueve el 80% del PIB del país. No es menor. Por lo mismo, el Estado se tuvo que dotar de un organismo fiscalizador, que vele por el cumplimiento de todas las leyes, normas y demás estructuras que rigen los movimientos de estas entidades. super pensiones

El problema surge cuando las AFP traspasan ciertos límites y ponen en riesgo los ahorros de sus cotizantes. Esto ha pasado un par de veces, la última de ellas en diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer que cinco de las siete administradoras incurrieron en inversiones ilegales en el año 2007, periodo en que la ex Ministra del Trabajo, Ximena Rincón y el presidente de la Fundación Salvador Allende, Osvaldo Puccio, ocupaban cargos en los directorios de dos AFP.

Curiosamente, cuando estas inversiones ilegales tuvieron lugar, nadie se enteró pues la Superintendencia de Pensiones no acudió al organismo correspondiente de la Justicia como debió haber sido, sino que sólo las multó. El argumento en esa ocasión fue que no había habido delito, por lo tanto no correspondía informarlo a la Justicia, según el código 3.500 solo habría correspondido una falta administrativa, por lo que solo correspondía una multa. Mi pregunta es ¿de dónde habrá salido el dinero el dinero para pagar esa multa? ¿De nuestros ahorros?

Estas situaciones nos dejan a todos los afiliados con muchas interrogantes, con ganas de que el sistema y la información sean más transparentes con nosotros los clientes, que la prensa nos diga cuáles fueron las AFP transgresoras y qué debo hacer para cambiarme de AFP.

La ciudadanía exige mayor fiscalización

Las grandes ganancias anuales de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que se contraponen a los montos por jubilación promedio de los trabajadores en la actualidad, articulan una de las principales causas de molestia en la ciudadanía, que en términos más prácticos se traducen en una exigencia de mayor fiscalización a la Superintendencia de Pensiones a las entidades previsionales.

Esto pone en tela de juicio cómo está articulado el negocio, que exista mayor transparencia sobre cómo se establecen las escalas de comisiones, además establecer un claro parámetro sobre qué hacer con las pérdidas en períodos de malos rendimientos, y que éstas no sean traspasadas íntegramente a los usuarios.

Sin embargo, también se exige mayor autoridad y capacidad de castigar con severidad a los empleadores que caigan en malas prácticas con sus trabajadores, en relación de las cotizaciones impagas y los períodos declarados y no cancelados.

 

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